Estamos a 10 días de las elecciones presidenciales y aún no está claro si Scioli se impondrá en primera vuelta o si habrá que ir, por primera vez desde su instauración en 1994, a un balotaje entre él y quien resulte segundo en la elección (Mauricio Macri, según las últimas encuestas). Como sea, lo que sí sabemos es que, gane quien gane, el Congreso nacional y muchas legislaturas provinciales apretarán el acelerador para sacar leyes pendientes y también para cumplir con los pedidos, las necesidades y hasta los caprichos de los nuevos gobernantes electos.

En la Ciudad de Buenos Aires, por caso, el PRO quiere que la Legislatura saqué varias leyes que requieren entre 31 y 40 votos (para lo cual necesitan el apoyo de una parte, al menos, de la oposición), como ser la venta del Buenos Aires Design al Grupo Irsa, o dar luz verde al proyecto de privatización y urbanización del Autódromo o autorizar nuevo endeudamiento, entre muchos otros temas. También tiene que resolver la nueva composición de la Auditoria así como designar sus representantes al Consejo de la Magistratura y al Consejo del Plan Urbano Ambiental. Y nombro a este último organismo porque si bien ha tenido escasa relevancia en las negociaciones pasadas, es probable que esta vez no sea así.

El CoPUA es un organismo de raigambre constitucional encargado de formular el Plan Urbano Ambiental (PUA), que es la ley marco a la que se debería ajustar el resto de la normativa urbanística (Código de Planeamiento y Código de Edificación) y las obras públicas. Se trata de un órgano colegiado, integrado por 14 miembros (9 designados por la Legislatura y 5 por el Poder Ejecutivo), una presidencia formal que está en cabeza del Jefe de Gobierno y un coordinador general que es el secretario de planeamiento. Actualmente, solo 3 de los 14 consejeros fueron propuestos por la oposición, con lo cual el oficialismo tiene amplísima mayoría para resolver lo que quiera. Así fue como dieron luz verde al proyecto -hasta ahora no aprobado por la Legislatura- de vender los terrenos sobrantes del proyecto de Casa Amarilla al Club Boca Juniors para hacer un nuevo estadio (tema al que ya nos referimos en esta columna acá y acá) u otorgaron, en el mayor de los sigilos, autorizaciones (como la instalación de edificios de bauleras en zonas residenciales) y excepciones (como la instalación de un banco en Barrio Parque), por fuera de la normativa vigente, amparados en una situación anómala que da lugar a interpretaciones de dudosa legalidad.

Me explico: el marco legal urbanístico de la Ciudad está compuesto por el Plan Urbano Ambiental como norma estructurante y “aspiracional” (hacia dónde deberían ir las reformas) y los Códigos de Planeamiento y de Edificación, como normas ejecutoras u operativas. Ahora bien, estos códigos, en rigor, se llevan de patadas con el PUA, por eso cuando se sancionó éste, se ordenó al poder ejecutivo que, con la intervención del CoPUA, elabore los proyectos de ley a fin de ajustar toda la normativa vigente a los lineamientos del Plan. Sin embargo, hasta la fecha ningún proyecto de estas características ha sido enviado a la Legislatura, aunque la secretaria de planeamiento dice que tiene elaborado un proyecto de Código Morfológico (una de las tantas piezas normativas previstas en el Plan) que cambiaría radicalmente los criterios que rigen la construcción en la Ciudad (proyecto del que solo se conocen retazos).

Un claro ejemplo de este conflicto normativo se dio en el caso del edificio de la calle Crámer 3151/55 en el que, con la autorización del gobierno, se construyeron 5 pisos por encima de la altura máxima permitida. Sin embargo, ante la demanda interpuesta por unos vecinos, la Justicia ordenó demoler esos pisos. La resolución judicial se basó en la aplicación lisa y llana del Código de Planeamiento vigente. La construcción, en cambio, se hizo siguiendo criterios que estarían inspirados en el PUA (“armonizar el tejido urbano”) pero que nunca se tradujeron en normativa legal vigente y obligatoria para todos.

Por eso, ahora, a través de un proyecto de ley que lleva el pomposo título de “Ratificación de la Supremacía del PUA”, los legisladores del macrismo pretenden blanquear y ampliar este dudoso criterio y delegar en el CoPUA la facultad de realizar excepciones y autorizaciones, sin necesidad de pasar por la Legislatura, basándose en los lineamientos del Plan aun cuando éstos vayan en contra de lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano o el Código de Edificación vigentes.

De esta manera se estaría modificando, vía administrativa, una norma legal, de a pedacitos, ya que el CoPUA no va a dictar una normal general sino que resolvería caso por caso. Si este hecho de por sí es grave no sería lo peor ya que esta autorización podría dar lugar a un fenomenal revival del festival de excepciones que nos regalara el extinto Consejo Deliberante cuando aún no éramos un estado autónomo, solo que esta vez los intérpretes serian los integrantes de un órgano administrativo.

Para darnos una idea de la gravedad del asunto, tengamos en cuenta que la Legislatura dicta, por año, aproximadamente 50 leyes que modifican alturas, usos o zonas establecidos en la norma urbanística; leyes que requieren doble lectura, audiencia pública y 31 votos positivos en cada instancia, para su aprobación definitiva. De prosperar este proyecto, ya no será necesario que muchas de esas leyes sigan este largo camino. Alcanzaría con un dictamen del CoPUA.

Claramente, la reforma del código de planeamiento es necesaria pero para eso se requiere un arduo trabajo de construcción de un amplio consenso social y político, que el gobierno de la Ciudad no está interesado en transitar. Por eso, opta por este tipo de atajos que, de concretarse, transformarían los -hasta ahora- (casi) irrelevantes 9 asientos de la Legislatura en el CoPUA en lugares muy codiciados. Es que las excepciones suelen despertar pasiones irresistibles.

(Esta nota fue publicada en el portal www.nuevaciudad.info el 17/10/2015).