Es habitual, para quienes nos ocupamos de la problemática de la vivienda desde un enfoque de derechos, que en las metrópolis contemporáneas focalicemos nuestros análisis en los problemas del hábitat y los asentamientos informales, villas y complejos habitacionales precarios.

Sin embargo, aunque resulte obvio, no podemos dejar de mencionar que esto excede a los sectores populares; en ese contexto quiero destacar un problema frecuentemente invisibilizado, que afecta a los sectores medios y bajos por igual: el alquiler. Hace diez años, casi el 68% de los hogares de nuestra Ciudad vivía en una vivienda de la que eran propietarios con todas las de la ley, y sólo un 22% era inquilino. Hoy disminuyó la cantidad de propietarios a un 56%, y aumentaron a un 30% los hogares que alquilan la vivienda en la que habitan. O sea: 1 de cada 3 hogares alquila el lugar en el que vive.

Frente a esta situación, hemos elaborado una serie de propuestas, plasmadas en un proyecto de ley, que buscan la intervención y regulación del Estado en el mercado de los alquileres, contribuyendo así a garantizar la vivienda adecuada con una serie de instrumentos que cumplan un doble rol: constituirse en medidas que brinden seguridad e incentivos para los propietarios, y que al mismo tiempo sean accesibles para los inquilinos.

Nuestro proyecto de Ley de Promoción de Alquileres Residenciales, garantiza contratos de alquiler justos para inquilinos y propietarios, con plazos de duración mínimos de 3 años prorrogables, a valores anuales que no superen el 15% del valor del inmueble (lo cual redundaría en una baja de alrededor del 25% de los costos de alquiler), con garantías otorgadas por el Banco Ciudad, y subsidios para el depósito inicial y para los costos de la mudanza. Además, contempla los siguientes beneficios para los propietarios: exención del ABL mientras dure el contrato de alquiler, garantías que aseguran al propietario el cobro del alquiler hasta la efectiva desocupación del inmueble y subsidios para refacciones y rehabilitaciones del inmueble.

Al mismo tiempo, nuestro proyecto promueve la utilización de las viviendas ociosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la finalidad de ampliar el parque habitacional destinado al alquiler residencial. Para esto, prevé la aplicación de una Contribución Tributaria por Vivienda Ociosa y la incorporación como viviendas en alquiler a aquellos inmueble del dominio privado del Estado, no afectados a programas específicos y que se encuentren en condiciones de habitabilidad, o sean pasibles de ser puestos en valor y dotados de funcionalidad residencial.

Columna de opinión publicada en El cronista (edición impresa), el lunes 30 de septiembre de 2013.