Ya hay fecha para las elecciones porteñas de 2015. Se renuevan los cargos de jefe y vicejefe de gobierno, 30 legisladores y 105 miembros de las Juntas Comunales. Finalmente, se harán desdobladas de las elecciones nacionales, como marca la ley. Aunque desde el gobierno se haya optado por este camino como una manera de reforzar la candidatura presidencial de Mauricio Macri, siempre pensamos que el desdoblamiento es lo mejor para amplificar la discusión sobre los asuntos de la Ciudad.
En definitiva, el 2015 ya empezó.
Ya habrá tiempo para volver sobre este tema. Mientras, quiero ocuparme de uno de los asuntos tratados en la última sesión: la prohibición de “los trapitos”. Lo hago interpelado por muchas buenas consciencias que, hartas de lidiar con la arbitrariedad, la prepotencia y el maltrato de ciertos trapitos (sobre todo los que pululan, a sus anchas, en espectáculos deportivos y culturales), piden el destierro de esta actividad.
Este es el cuarto año en el que el PRO lleva este tema a la Legislatura, sabiendo de antemano que va a perder. Es astuta –y tramposa- su estrategia. Desde el 2012 tiene mayoría automática en todas las Comisiones, lo que le garantiza emitir dictamen favorable a su postura, sin inconvenientes. Pese a ello, el proyecto no se trata en comisión, sino directamente en el recinto, sobre el final del año. Lo llamativo es que si siguiera el camino de las comisiones, para su aprobación en el recinto se necesitarían 31, que saben que tienen. En cambio, al plantearlo directamente, sobre tablas, en la sesión, necesitan 40 votos para habilitar su tratamiento, que saben que no tienen. Uno se preguntará por qué hacen esto. Por torpes, no. Van a la sesión a perder porque así piensan que ganan ante la opinión pública, incluso antes las buenas consciencias. Al mismo tiempo, se liberan de tener que solucionar el problema. Una vez más, la culpa es de la oposición, que obstruye la acción de gobierno, para defender a “vagos y atorrantes”.
La oposición se enfrenta a un dilema: si le da los votos aparece vencida. Si se niega, también.
En 2011, se evitó caer en esa trampa, aprobando una ley a favor de la regulación con prohibición, que contó con los votos de toda la oposición de entonces (Coalición Cívica, Proyecto Sur, peronistas disidentes y los diferentes bloques kirchneristas) (link). Luego Capitán Veto ejerció su facultad, esgrimiendo argumentos falaces (link). Prefirió que el tema siguiera sin resolverse para hacer política, de la peor. Ya llevamos 2 años más perdidos sin solucionar este tema.
La paradoja del asunto es que la ley vetada también reformaba el Código Contravencional, pero no se quedaba solo en la penalización del trapito sino que, en los casos de eventos deportivos culturales o de entretenimiento de carácter masivo, cometía el sacrilegio de extender la responsabilidad a dos actores siempre presentes y en ocasiones cómplices, propiciadores u organizadores de la actividad: el responsable de la autoridad pública afectada a la prevención en el lugar (en la medida que omitiera disuadir, impedir o consintiera la contravención); y el responsable de esos eventos (que habiendo sido informado o tomado conocimiento del hecho contravencional, no adoptare medidas para impedirlo -por ejemplo, solicitando la intervención de la autoridad pública). De esta manera, se le daba al Estado un instrumento eficaz para combatir las mafias que organizan este negocio y que lucran con su ilegalidad.
Un argumento que se esgrime en contra de la regulación es que el espacio público es de todos y que no tenemos que pagar por usarlo. Éste el principio general. De acuerdo. Sin embargo, todo el mundo acepta que el Estado puede regular el estacionamiento en zonas de alta afluencia de público, como una manera de evitar el caos, ordenar el tránsito y desalentar el uso del automóvil. Hacerlo a través de una empresa privada (como impulsa el PRO), del propio Estado o de trapitos debidamente habilitados da igual: siempre se está regulando el uso del espacio público. Por lo tanto, la crítica que sigue esté camino descarrila al poco de andar.
Lo que no se entiende es cómo se puede poner tantas esperanzas en que la prohibición total de la actividad a través de una norma contravencional va a ser eficaz para acabar con esta práctica. La prohibición siempre exige la capacidad –y los recursos- del Estado para evitar que el hecho prohibido se lleve a cabo. Pensar que tal cosa es posible en el ámbito de la Ciudad, en un contexto donde aún existen amplios sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad social, no es sensato, sobre todo frente a un gobierno que, en 7 años de gestión, ha demostrado ser sumamente reticente para combatir las numerosas ilegalidades que se presentan en el espacio público: desde autos mal estacionados, pasando por publicidad ilegal, hasta la venta ambulante y, últimamente, verdulerías ambulantes. Al contrario, la prohibición lo que termina produciendo es mayor corrupción en las fuerzas públicas encargadas de controlar la calle, y mayor control represivo sobre las personas en situación de vulnerabilidad social. Quizás esto sea lo que pretenden algunos.
Finalmente, un detalle no menor es que para combatir la situación actual no hace falta ninguna reforma del Código Contravencional. Como no hizo falta para acabar con la venta ambulante en la calle Florida. La actividad de los trapitos está regulada por dos normas: el Código mencionado que castiga –con arresto o multa- al que pide dinero para cuidar el auto sin estar autorizado para eso; y el Código de Habilitaciones y Verificaciones que regula la actividad (¡Sí, la actividad está regulada desde hace 40 años! Son los conocidos “tarjeteros”) (link). Si hay personas que desarrollan la actividad sin cumplir con las estipulaciones de este último código (ningún trapito las cumple), el Estado tiene los elementos legales a su alcance para obligarlas a dejar de hacerlo, como en cualquier otra actividad que se desarrolla sin la habilitación correspondiente. Sólo tiene que tener voluntad política de hacerlo.
Coincidimos en que la situación tal como está es insostenible y se requiere la intervención del Estado. Una solución realista y eficaz fue votada por la oposición en la Legislatura en 2011. Si el tema sigue sin resolverse es porque el PRO prefiere hacer política electoral (de la peor) y no ocuparse de resolverlo. Así de original es la nueva política.
(Esta nota fue publicada en el portal www.nuevaciudad.info el 17/12/2014).
