Conocer qué hacen los gobernantes, cómo usan los recursos públicos, quiénes se benefician con sus decisiones, cómo actúan los cuerpos colegiados, quién va a las sesiones, quién falta mucho, cómo ha evolucionado el patrimonio de funcionarios y representantes durante el ejercicio de sus funciones. Todas estas preguntas y muchas más son fundamentales para ejercer un adecuado control de las acciones de nuestros gobernantes y sus respuestas permiten evaluar la calidad de las diferentes instancias de gobierno, su apego a las leyes y el cuidado que han tenido en el manejo de los bienes públicos.

Históricamente, acceder a esta información no ha sido sencillo, pero los avances tecnológicos han permitido superar muchas dificultades y hoy la información podría estar disponible al instante y con un simple clic. Al mismo tiempo, gracias a los avances en el debate jurídico y político en torno a los derechos, el libre acceso a este tipo de información ha sido catalogado como un derecho humano. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública expresado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos en su doble vertiente: como derecho individual de toda persona (“buscar”) y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho (“recibir” la información solicitada).

Sin embargo, los gobiernos, en todas sus instancias y niveles, se resisten a abrir sus decisiones a la ciudadanía. Y suelen ser incluso muy creativos.

A nivel nacional, el gobierno se ha negado sistemáticamente a brindar acceso a información sobre temas sensibles, tal como los salarios de funcionarios públicos, la metodología para el cálculo del índice de precios, los gastos en publicidad oficial, listados de beneficiarios de planes sociales, balances y nombres de directivos de sociedades comerciales, entre otros. La situación es de tal gravedad que, en los últimos dos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido cuatro fallos condenando al gobierno nacional por su incumplimiento y reclamando al Congreso el dictado de una ley de acceso a la información pública en sintonía con los estándares mínimos aceptados internacionalmente. Álvaro Herero hizo un buen resumen de la situación que puede leerse ingresando acá.

Esta actitud del gobierno nacional ha repercutido en los gobiernos provinciales y municipales, ya de por sí, con nula vocación de transparentar sus decisiones.

En lo que se refiere a la Ciudad, la situación está algo mejor. Varias leyes obligan a diferentes instancias de gobierno a publicar su información y existe una ley (la ley 104) que regula el acceso a la información pública. Recientemente, el gobierno ha inaugurado en su web una sección titulada “Transparencia” en la que ofrece información en formato abierto sobre la gestión de gobierno. Sin embargo, analizando su contenido se observa que la mayoría de la información que brinda es porque existe una ley que los obliga a hacer pública. Y esa ley es, por lo general, anterior al inicio de la gestión Pro, al igual que la ley de acceso a la información pública. O sea, mantienen las normas vigentes pero no avanzan más allá. Es más, en un punto retrocedieron significativamente: hasta la llegada del Pro los legisladores tenían acceso al sistema donde se asienta el gasto cotidiano del gobierno, lo que facilitaba el control. Ese derecho lo perdieron en el 2008. Pese a los reclamos, nunca lo recuperaron.

Por otra parte, cada pedido de acceso a la información se transforma en un trámite tortuoso y extenuante, no apto para impacientes.

Recuerdo que siendo legislador presenté un pedido de información pública a SBASE para conocer los detalles de un estudio de demanda sobre el subte y las nuevas líneas proyectadas, llamado “Peters”. Como no obtuve respuesta, recurrí a la Justicia que falló a mi favor, intimando al organismo, en ambas instancias, a darme la información solicitada. Sin embargo, todavía espero. En 2012 me invitaron a una reunión en la que me mostraron una parte y me entregaron un CD con un archivo con el sugestivo nombre de “Peters-Gentili”, que contenía menos información de la que me habían mostrado en la reunión.

Con más o menos trabas, el acceso a la información sobre la acción de gobierno es una pelea difícil y de largo aliento, esencial para mejorar la calidad de nuestra democracia. Nuestra paciencia y perseverancia son claves para lograr avances. Porque la información es poder y el poder, nadie te lo regala.

(Publicada en el portal www.nuevaciudad.info el 26/11/2014).