Recientemente, nos referimos aquí a la agenda pendientes de la autonomía porteña, entre los que señalábamos el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad. En estos días, el nuevo jefe de gobierno porteño anunció que este traspaso se haría efectivo a partir de enero de 2016. En una de las columnas de al lado, Werner Pertot se ocupa del tema, señalando sus puntos más problemáticos y preocupándose por los efectos que este cambio puede tener en el manejo de la protesta social. Tratando de no reiterar lo dicho, me interesa sí establecer una provisoria hoja de ruta sobre el proceso que se abre.

Antes, déjenme decirles que se trata de un anuncio muy importante que encierra varios mensajes políticos concretos. En primer lugar, nos está diciendo que si el traspaso no se hizo antes fue por la tozudez y obtusidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual es terriblemente cierto. En segundo lugar, es un mensaje para el electorado porteño (y también del conurbano bonaerense) de que Mauricio Macri no se va a olvidar de ellos en su estancia en la Casa Rosada. En tercer lugar, es también una señal para los caudillos provinciales que suelen usar maliciosamente las deudas que la Nación tiene con la autonomía política e institucional de los porteños para reeditar la vieja rencilla entre unitarios y federales por los recursos comunes.

Pero vayamos a los desafíos que implica este traspaso. En rigor, no se trata de toda la policía sino de aquella que ejerce funciones en el territorio porteño, que representa más del 50% de sus efectivos. En concreto las áreas a transferir serían las Superintendencias de Seguridad Metropolitana (que nuclea las 54 comisarías porteñas y los cuerpos de Infantería y Montada) y Bomberos, y algunas áreas de Policía Científica y de Investigaciones (Homicidios, Robo y Hurtos, Defraudaciones y Estafas, etc.). Según se anunció, la transferencia se haría con los recursos presupuestarios correspondientes.

Por lo pronto, la celeridad de la implementación del cambio de mando hace suponer que se instrumentará mediante un convenio. O sea, en esta primera etapa no habría una ley. En este convenio los gobiernos de la Ciudad de Buenos como de la Nación pronuncien su voluntad de arribar a un acuerdo sobre qué se transfiere y cómo, tal como se hizo con el traspaso del subterráneo (o como los acuerdos firmados por el estado Nación y las provincias en materia de regulación energética a partir de la provincialización de los recursos petroleros a partir de 1994). Puntos centrales de este convenio son: el inventario de bienes muebles e inmuebles que se transfieren y la fórmula de actualización de los fondos asignados para hacer frente a esta transferencia. También sería importante, a fin de despejar una posible fuente de conflicto, que se establezca una cláusula que garantice que se van a respetar los derechos laborales y provisionales del personal policial transferido.

Ahora bien, agotada esta primera instancia, el Congreso nacional debería intervenir en dos cuestiones. Una es, reformar la estructura orgánica actual de la Policía Federal para adecuarla a la nueva realidad. Aquí vuelve a sonar la idea de crear una agencia nacional de investigaciones criminales, al estilo del FBI norteamericano, que tendría como función central combatir los delitos de dimensión nacional, como el narcotráfico, el lavado de dinero o la trata de personas.

El otro punto tiene que ver con estabilizar la transferencia de los recursos presupuestarios que demandan las dependencias transferidas a partir de un mecanismo de actualización que garantice que la suma transferida se mantiene constante a lo largo de los años; así se evita lo que sucedió con la transferencia a las provincias, en los años 90, de los servicios de educación y salud, o con el Fondo del Conurbano, que al tratarse de sumas fijas no actualizables, las provincias terminaron haciéndose cargo de la (cada día más abultada) diferencia. Si bien esto debiera darse en el marco de una discusión más amplia como lo es el régimen de coparticipación federal, hoy día puede subsanarse la cuestión del financiamiento mediante cláusulas transitorias regidas por los principios del derecho de eficacia, eficiencia y buena fe.

Por su parte, la Legislatura porteña deberá dictar la normativa necesaria para amalgamar a las dos fuerzas policiales y sus efectivos, en una sola fuerza de seguridad, con un modelo organizacional que se ajuste a las pautas fijadas por la Ley Marco de Seguridad Pública vigente en la Ciudad. Hasta que eso no suceda tendremos que convivir con dos fuerzas policiales con mandos y estructuras diferentes, con todos los riesgos que ello implica. Es de suponer que, al depender ambas fuerzas de la misma conducción política, haya una complementación mayor a la que existe actualmente. Sin embargo, ello no debe hacer que perdamos de vista la necesidad de avanzar sostenidamente en esta unificación. En primer lugar, en lo que se refiere al ámbito de actuación. Las comisarías de la federal tienen un ámbito de competencia territorial diferente al de las comisarías de la policía metropolitana. En segundo lugar, en sus funciones de auxiliares de la Justicia penal, donde se debe evitar su superposición y competencia, fomentando, por el contrario, la complementariedad y la colaboración.

En tercer lugar, está el asunto más complejo y delicado de todo el proceso: la unificación del personal. Sus problemas e implicancias fueron muy bien analizados por Werner Pertot. A todos ellos se suma otro que promete ser de difícil resolución y que puede tener fuerte impacto en las arcas porteñas. Me refiero a la equiparación salarial de los agentes federales con los metropolitanos. A igual tarea, el personal de la Policía Metropolitana gana más que el agente de la Policía Federal. Así las cosas, la Ciudad puede reclamarle a Nación la transferencia de las partidas presupuestarias para pagarle el sueldo que hoy ganan los agentes federales, con un criterio de actualización razonable. Pero la diferencia que resulte de la equiparación de ambos salarios la debe financiarla la Ciudad con recursos propios. Hoy, con un presupuesto deficitario, no está claro de dónde saldría ese dinero extra. Es de esperar que no sea de las áreas sociales.

Como se puede apreciar, se trata de un tema muy complejo que requiere un seguimiento pormenorizado. El riesgo que se corre es que, aprovechando que se trata de dos gobiernos de la misma fuerza política, el proceso de traspaso se haga muy lentamente, postergándose sine die la definición de los puntos conflictivos. Como sea, no deja de ser una excelente noticia para los que peleamos por un autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires. Unificar a las policías es un requisito necesario (aunque no suficiente) para una gestión democrática de la seguridad, a la vez que permite un mejor control ciudadano de su actuación.

Nota: Esta columna fue originalmente publicada en el portal www.nueva-ciudad.com.ar, el 27 de diciembre de 2015.