La sede local de Amnistía Internacional, a la que me honra estar asociado, acaba de lanzar una campaña pidiendo a los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República, su compromiso público en torno a 9 puntos centrales de la agenda de derechos Humanos.

Esos puntos son: 1. Prevenir y combatir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; 2. Continuar el compromiso por la Memoria, Verdad, Justicia y Reparación; 3. Garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión, en particular en el contexto de la protesta social; 4 Asegurar el pleno respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios; 5. Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; 6. Garantizar el derecho a la salud de mujeres y niñas; 7. Garantizar derechos de las personas migrantes; 8. Promover la Justicia Internacional; 9. Promover política exterior y derechos humanos.

Hasta el momento, solo 3 candidatos de los 13 que están en competencia firmaron el compromiso: Margarita Stolbizer (que sumó otros ítems en los puntos 2 -Amia y 3 -derogación ley antiterrorista- y agregó un compromiso en torno a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de incidencia colectiva), Nicolás del Caño y Alejandro Bodart (suscribió con reservas los puntos 2, 8 y 9). El gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota habría manifestado su intención de firmarlo.

Un repaso por los principales contenidos de cada punto puede explicarnos por qué los principales candidatos se han negado hasta el momento a suscribir estos compromisos. Veamos.

En cuanto al punto 1 se propone: Implementar a nivel federal el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura e impulsar a nivel provincial la creación de mecanismos locales, respetuosos de los estándares fijados internacionalmente y fortalecer aquellos ya existentes; Llevar adelante investigaciones judiciales independientes, prontas y exhaustivas de los casos de violencia institucional denunciados.

En torno al punto 2: Continuar con los esfuerzos por llevar ante la justicia, sin demoras innecesarias, a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar; En torno a la Causa AMIA: Garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares; y que se lleve a cabo el juicio oral y público sobre el encubrimiento de la investigación del atentado.

Punto 3: Garantizar el derecho a la libertad de expresión, de reunión y a la protesta social, evitando regulaciones regresivas que limiten o restrinjan de manera desproporcionada el derecho y que pretendan frustrar la expresión de las opiniones; Elaborar y hacer públicas normas claras sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de la labor policial durante las manifestaciones.

Punto 4: Garantizar la suspensión de desalojos de pueblos indígenas y avanzar en el relevamiento de técnico-catastral (Ley 26.160), garantizando la participación indígena y el respeto por sus derechos y costumbres; Promover una ley de propiedad comunitaria que reconozca y titule en favor de las comunidades indígenas el derecho a su territorio, en respeto a los derechos humanos y cuya elaboración debe garantizar el derecho a la consulta y participación de los Pueblos indígenas.

Punto 5: Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley 26.485; Garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia y estén protegidas de sus agresores; Elaborar el Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres; Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.

Punto 6: Garantizar el aborto legal, seguro y accesible en los casos de violación y cuando peligre la vida o la salud de la mujer, en todo el territorio de Argentina; Impulsar un debate serio e informado sobre la despenalización del aborto, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

Punto 7: Asegurar el acceso a los derechos fundamentales de todas las personas extranjeras residentes en Argentina, con independencia de la regularidad o no de su situación migratoria; Promover políticas de integración social y para combatir a la xenofobia.

Puntos 8 y 9: Asegurar el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los tribunales argentinos con relación a toda persona sospechosa de haber cometido un crimen de derecho internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada u homicidio extrajudicial) que sea hallada en cualquier territorio sometido a la jurisdicción del estado argentino; Ratificación e Implementación de instrumentos internacionales de derechos humanos y fortalecimiento de los sistemas universal y regional de derechos humanos; Implementar las recomendaciones y observaciones que reciba de los procedimientos especiales y de los órganos de tratados, de manera integral y sistemática; Promover una enfoque integral de derechos humanos en el proceso de negociación de la Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS); Garantizar y promover coherencia entre las contribuciones de Argentina para el desarrollo de nuevos estándares de derechos humanos en las instancias internacionales y el diseño e implementación de políticas públicas a nivel local.

Para algunos, este tipo de compromisos no sirven de mucho aun cuando los candidatos lo firmen. No compartimos ese punto de vista. En una sociedad democrática, es lógico que la ciudadanía pida a sus candidatos que asuman compromisos en torno a temas trascendentes que hacen al modelo de sociedad en la que queremos vivir, que van más allá de los problemas de la coyuntura. Y que luego evalúe la gestión de sus gobiernos en función de lo que han hecho en torno a esos temas.

Por otra parte, al tratarse de compromisos elaborados por una organización de la sociedad civil de la seriedad de Amnistía, que además va a monitorear su efectivo cumplimiento una vez asumido el nuevo gobierno, hace que la firma esté lejos de servir como una estrategia electoralista. De hecho los candidatos que en las encuestas aparecen con más chances de llegar al balotaje son los más renuentes a firmar. De cierta manera, esta negativa es un reconocimiento de la poca expectativa que ellos mismos tienen, si son electos, de respetar y llevar adelante una agenda de derechos humanos sólida y relevante como la que propone Amnistía. Al menos, en esto son sinceros.

(Esta nota fue publicada en el portal www.nueva-ciudad.com.ar el 24/07/2015).