Tal como informó este portal, la presidenta de la Nación anunció la creación de la sociedad Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., cuyo capital inicial estaría conformado por las playas ferroviarias de Caballito, Liniers y Palermo. Las acciones se dividirán entre el Ministerio de Economía y la ANSES. (link al anuncio).

Esta nueva sociedad se encargaría de vender los terrenos ferroviarios en desuso en los barrios mencionados, que totalizan 64 hectáreas (Caballito 20 ha.; Liniers 30 ha.; y Palermo 14 ha.), de las cuales el 35% estaría destinado a la construcción inmobiliaria. El 65% restante se destinaría, según ellos, a espacio verde.

Se trata de un nuevo capítulo de una historia que empezó a gestarse en 2012, en la Legislatura porteña, en el marco de lo que se conoció como el “Acuerdo Pro-K”, mediante el cual el kirchnerismo aceptó votarle al Pro una serie de leyes, importantes y polémicas, a cambio de que ellos le votaran estos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo nacional (un resumen de todo el paquete de leyes puede leerse acá). Lo llamativo del caso es que los proyectos propuestos por el kirchnerismo hubieran sido votados por el bloque del Pro con gusto, ya que reflejan su modelo de Ciudad.

Tanto antes como ahora, el kirchnerismo reviste los anuncios relacionados con este tema con una patina de buenas y “progresistas” intenciones, que o son falsas o engañosas.

Edificios para el Pro.Cre.Ar. FALSO. Ninguno de estos terrenos están destinados al Plan Procrear, sino que se van a vender a emprendedores privados para que desarrollen proyectos que se comercialicen en el mercado. El mismo modelo de desarrollo de Puerto Madero.

Alcanza con pegarle una mirada (link, link) a los proyectos ganadores del concurso organizado por Anses y la Sociedad Central de Arquitectos para comprobar que se trata de proyectos para alimentar el negocio inmobiliario y no para satisfacer las necesidades de vivienda de los sectores medios, como se pretende con el Procrear.

Sumar Espacio Verde. FALSO. El Código de Planeamiento Urbano porteño establece que todo proyecto urbanístico que se realice sobre ex terrenos ferroviarios se destinará un 65% para el desarrollo de infraestructura pública y el 35% restante a emprendimientos privados. O sea, que solo están cumpliendo con lo que marca la ley. Además, como dijimos antes, la infraestructura pública no es solo espacio verde. De hecho, tanto en Caballito como en Liniers hay varios galpones que tienen protección patrimonial con lo cual se deben conservar. Ellos se computan dentro del porcentaje de infraestructura pública y claramente no son espacios verdes (excepto por el óxido de sus chapas).

Estos terrenos, tal como fueron pensados los proyectos por el Gobierno nacional (en sociedad con el gobierno local), van a aportar el espacio verde necesario como para compensar el ladrillo que suman. Nada más. No van a servir para atenuar el déficit crítico de espacio verde que padecemos los porteños, como consecuencia de este tipo de políticas que maximizan el uso del suelo para negocios privados.

Soterramiento del Sarmiento. ENGAÑOSO. El único instrumento jurídico dictado por Nación sobre estos terrenos es el Decreto 1723/12, el cual en su artículo 2º establece que las rentas, utilidades y/o beneficios que se generen por la venta de los predios integrarán el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra el Anses, “debiéndose evaluar la posibilidad de su reinversión en el financiamiento de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”. O sea, que no es automático ni seguro que la plata que ingrese por estas ventas termine finalmente financiando la obra del soterramiento. Este artículo expresa una voluntad política pero sin su correlato como obligación legal. La obligación es derivar estos ingresos al Fondo administrado por el organismo previsional, quien será quien termine definiendo qué se financia con este dinero: podría ser el soterramiento o la Asignación Universal por Hijo o el Plan Conectar Igualdad o cualquier otro proyecto u obra financiado por este Fondo.

Por último, que se haya elegido conformar una sociedad anónima para llevar a cabo las ventas de los terrenos no nos permite ser muy optimistas en cuanto a la transparencia del proceso. Nada nuevo tratándose del Gobierno nacional, por cierto. El instrumento de la SA les permite vender los terrenos con un proceso menos exigente y transparente que si fuera un organismo público o una Sociedad del Estado; y eludir el control de organismos públicos, como la Auditoría General de la Nación.

Con estos proyectos el Gobierno nacional, el principal propietario de tierras públicas ociosas en la Ciudad, ha perdido una excelente oportunidad para impulsar una política de desarrollo urbano diferente al del PRO, que priorice las necesidades de vivienda de los sectores medios y medio bajos, y la mixtura urbana. Seguramente, las zonas en cuestión lucirán más lindas. No es muy difícil tratándose de terrenos prácticamente abandonados. Pero eso será a costa de alimentar el negocio inmobiliario cuya principal preocupación es seguir siendo una reserva para los dólares de los pocos argentinos que pueden ahorrar.

(Esta nota fue publicada en el portal www.nuevaciudad.info el 29/12/2014).